Retrasa Argentina juicio a ex militares

Revelan que sólo 17 de 36 mil ex represores fueron condenados desde junio de 2005

Agencia Reforma

BUENOS AIRES, Argentina - Aunque transcurrieron tres años desde la derogación de las leyes que garantizaban la impunidad de los represores, los juicios por los crímenes de la última dictadura militar argentina llevan una inexplicable demora.

Así lo confirma un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), según el cual de un total de mil 36 represores acusados por la represión ilegal, sólo 17 fueron condenados, mientras que bajo proceso sólo hay 399, entre militares, policías y civiles.

El Cels es uno de los más prestigiosos organismos de Derechos Humanos de la Argentina y suele realizar estudios reveladores sobre los procesos por la represión ilegal de la dictadura, pero también por la forma en que los derechos básicos de las personas se violan en períodos democráticos.

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que desde 1987 garantizaron la impunidad de los represores, fueron derogadas en 2004 por el Parlamento y en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró su inconstitucionalidad y abolió los beneficios concedidos en ese lapso.

Desde ese momento, y salvo excepciones, los juzgados federales de toda Argentina se pusieron en funcionamiento con una singular morosidad que llevó que hasta el momento haya solamente 212 causas abiertas, de las cuales apenas 139 están activas mientras el resto se encuentran de hecho paralizadas.

"La pequeña cantidad de casos que pueden alcanzar resolución judicial, y la menor cantidad aun de personas juzgadas es un indicio más de la falta de celeridad en la toma de decisiones judiciales", sostiene el informe del Cels que más allá de las consideraciones, mucho habla a través de las estadísticas.

De los 399 procesados, sólo 330 cumplen prisión preventiva mientras dura el juicio, en tanto que los 69 restantes permanecen en libertad.

Del total de procesados, además hay 47 represores prófugos que la Justicia no logra localizar, según detalla el minuciosos informe del Cels.

"La justicia evidentemente no estaba preparada para esta avalancha de juicios; hay desorganización, testigos que se superponen en varias causas y falta de coordinación entre los ministerios públicos para compartir evidencias y agilizar los procesos", señaló el abogado penalista Guillermo Arbert.

Como subproducto, la lentitud de la Justicia hace que muchos de los represores mueran sin ser juzgados, ya que se trata de hombres en su inmensa mayoría viejos y enfermos.

De hecho, 158 de los imputados fallecieron, de los cuales 31 perdieron la vida sólo durante 8 meses de 2007.

Otra singularidad en la morosidad de los juicios reside en que el 85 por ciento de los procesados son oficiales superiores de alto rango, lo que revela que los juicios se han concentrando sólo en los responsables y no han bajado hacia oficiales medios o suboficiales, que fueron en su inmensa mayoría los quienes personalmente torturaron y asesinaron a 30 mil personas.